El Observatorio de Energía Común acaba de publicar su Informe de Indicadores 2025, un exhaustivo análisis sobre el estado de las comunidades energéticas en nuestro país.
Desde Sapiens Energia participamos para presentar un proyecto que nos ilusiona especialmente, la Comunidad Energética Solidaria, un proyecto piloto en Paiporta (Valencia) que ya está en funcionamiento.
Los datos son elocuentes: España cuenta ya con 837 comunidades energéticas constituidas formalmente, lo que supone un crecimiento sostenido y una señal clara de que este movimiento ha dejado de ser una experiencia experimental para convertirse en una realidad tangible en el territorio.
Un crecimiento que no para, pero que todavía tiene mucho recorrido
El número de comunidades energéticas no ha dejado de crecer desde 2021, con una aceleración especialmente notable a partir de 2023, coincidiendo con la puesta en marcha de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC). Solo en 2025 se constituyeron 182 nuevas iniciativas.
Sin embargo, el informe también es honesto sobre las limitaciones actuales. Solo el 10,3% de los municipios españoles cuenta con una comunidad energética, lo que significa que el objetivo —compartido por el Gobierno y el sector— de que cada municipio tenga la suya sigue siendo una meta lejana a escala nacional.
La distribución territorial tampoco es homogénea. Cataluña (123), Comunitat Valenciana (104) y País Vasco (100) encabezan el ranking absoluto, pero si hablamos de penetración relativa, destaca enormemente Canarias, que en 2025 se convirtió en la comunidad autónoma con mayor porcentaje de municipios con comunidad energética: un asombroso 45,5%. Le siguen País Vasco (39,7%) y Navarra (27,2%).
¿Qué hacen estas comunidades?
La actividad más extendida sigue siendo el autoconsumo fotovoltaico colectivo, con 826 comunidades que lo desarrollan o tienen previsto hacerlo. A cierta distancia aparecen la movilidad sostenible, la gestión de la demanda mediante almacenamiento y las energías renovables térmicas. La rehabilitación de viviendas, en cambio, ha perdido presencia respecto al año anterior, lo que refleja que este es todavía un terreno complejo de articular desde la escala comunitaria.
En cuanto a la forma jurídica, tres de cada cuatro comunidades han optado por constituirse como asociación (76,2%), consolidándose como la figura más elegida frente a la cooperativa (23,8%).
El potencial social: mucho más que ahorrar en la factura
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la dimensión social de estas iniciativas. El 70,7% de las comunidades aborda o tiene previsto abordar algún aspecto social en su comunidad. La pobreza energética es el reto más señalado (51%), seguido por la perspectiva de género (34%), la inclusión de colectivos vulnerables (29%) y el desarrollo rural (27%).
El informe recoge ejemplos inspiradores como La Tonenca (Tona, Barcelona), que destina energía solar sin coste a familias vulnerables e incorpora formación en eficiencia energética y participación plena en la cooperativa; Oliver Comunidad Energética (Zaragoza), nacida del tejido asociativo de un barrio con altas tasas de vulnerabilidad; o Torreblanca Ilumina (Sevilla), que combina generación fotovoltaica con acompañamiento social integral en un barrio históricamente excluido.
Estos casos demuestran que las comunidades energéticas no son solo una herramienta técnica o económica, sino infraestructura social de proximidad: espacios donde las personas más alejadas del sistema energético pueden convertirse en protagonistas activos de la transición.
Los retos que quedan por resolver
El informe no oculta los desafíos pendientes.
El marco regulatorio sigue incompleto, especialmente en lo relativo a las comunidades ciudadanas de energía. La dependencia financiera de ayudas públicas y fondos propios de los socios puede excluir a quienes más se beneficiarían. Y la presencia de mujeres en los órganos de gobierno, aunque significativa (31,3%), sigue lejos de la paridad.
Las Oficinas de Transformación Comunitaria, que cerraron su actividad en 2025, han dejado un legado valioso de acompañamiento y capacitación cuya continuidad será clave para consolidar lo construido.
En definitiva, el balance de 2025 es positivo: más comunidades, más diversas, con mayor impacto social y territorial.
El gran reto para los próximos años no es seguir creciendo en número, sino hacerlo en calidad, inclusión y autonomía.
La transición energética que necesitamos no puede dejar a nadie atrás.
